Durante años hemos debatido sobre la conveniencia o no de declarar el nivel 3, de emergencia nacional, cuando un gran incendio, o varios simultáneos, superen las capacidades de extinción de las comunidades autónomas o afecten a más de una de ellas.

El nivel 3, lo hemos repetido muchas veces, nunca en la historia había sido declarado por incendios forestales. Hasta que los días 22 y 23 de julio pasados llegaron Burgohondo, en el sur de Castilla y León, y, casi simultáneamente, deflagraron grandes incendios en Almorox (Castilla-La Mancha), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid).

Cuatro grandes incendios que, desde su comienzo, se comportaron como un complejo: compartían la misma atmósfera, sumaban sus energías e interactuaban hasta el punto de ser tratados operativamente como uno solo.

Situaciones como esa, relativamente recientes en España y mucho más habituales en California y la costa oeste americana, presentan una enorme complejidad operativa, escapan a las capacidades de los servicios de extinción autonómicos y superan con mucho el ámbito de decisión que corresponde a los directores de extinción.

Algo parecido ocurrió durante agosto de 2025 en el noroeste de la Península y, particularmente, en las provincias de León, Zamora, Ourense y Cáceres, afectando también a tres comunidades autónomas.

El debate se centró entonces en si aquello era o no una emergencia nacional. Algunos defendimos con energía que claramente lo era y que el Gobierno de España debía asumir la responsabilidad de declararla y dirigirla. Lo hicimos en todos los medios de comunicación nacionales y recibimos fuertes críticas por parte de los sincronizados que suele utilizar el Gobierno para imponer su relato, al margen de una realidad que los ciudadanos perciben con nitidez.

Todos los países de nuestro entorno que vivían situaciones similares habían declarado ya la emergencia nacional, pero, para los voceros gubernamentales, eso ocurría porque ninguno tenía un Estado de las Autonomías como el español. Poco les importaba que, por encima de su división política y administrativa, España sea un Estado-nación.

Pues bien, ha bastado con que una comunidad autónoma como Madrid diera el paso en julio de este año para que se acabara radicalmente la discusión. Los incendios forestales de Burgohondo (Ávila), Almorox (Toledo), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) constituían una emergencia que desbordaba los límites autonómicos y como tal comenzó a ser gestionada después de que el Gobierno de España declarara la emergencia de interés nacional, inicialmente en Madrid y Ávila, a petición del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Toledo se incorporaría posteriormente al dispositivo nacional.

Y no era para menos. Los incendios de Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias terminaron configurando el gran incendio de Sierra Oeste, mientras Burgohondo avanzaba desde Ávila. El conjunto llegó a afectar a cerca de 78.000 hectáreas y adquirió unas dimensiones sin precedentes. Cerca de 100.000 vecinos de Madrid, Ávila y Toledo tuvieron que ser evacuados o confinados, mientras el fuego condicionaba directamente la vida de una extensa franja del sur de Ávila, el norte de Toledo y el oeste y noroeste de Madrid.

Por primera vez, una emergencia forestal de semejante magnitud se desarrollaba a las puertas de una gran área metropolitana. Millones de ciudadanos contemplaban el humo y el resplandor del fuego desde sus propias ventanas, en lugar de hacerlo únicamente a través de las pantallas de sus televisores.

Es más, uno de los grandes peligros era que un foco secundario pudiera prender también la Sierra de Guadarrama y extender el problema hacia el norte de Madrid, amenazando directamente a la capital de España y comprometiendo muy seriamente la seguridad de urbanizaciones, pueblos y ciudades de su entorno metropolitano.

Finalmente, eso no ocurrió. La declaración de la emergencia nacional, solicitada a tiempo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, permitió concentrar capacidades y obligó al Estado español a funcionar como un reloj de precisión.

La inteligencia catalana, que en materia de incendios forestales es la mejor del mundo, dirigida por Marc Castellnou y un brillante equipo de analistas del GRAF de Bombers de la Generalitat de Cataluña, diseñó la estrategia y elaboró el Plan de Ataque, supervisándolo en su zona más sensible, la que afectaba a Madrid. El operativo de la Comunidad de Madrid, principal fuerza de choque encargada de llevar al terreno la estrategia decidida en el CECOD, la ejecutó con enorme precisión, a pesar de su extraordinaria complejidad.

El INFOCAM de Castilla-La Mancha y el INFOCAL de Castilla y León resolvieron bien las tareas encomendadas en sus respectivos territorios. Y, codo con codo con todos ellos, las BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica, la UME- que además asumió la dirección operativa de la emergencia nacional- y numerosas unidades desplazadas desde casi todos los rincones de España dieron lo mejor de sí mismas para evitar una tragedia que, por momentos, llegó a parecer inevitable.

Lo mejor de todo es que, cuando las cosas se ponen realmente feas y los españoles se unen, el país funciona. Administraciones distintas, servicios diferentes y miles de profesionales fueron capaces de trabajar bajo una dirección común para afrontar una de las emergencias forestales más complejas que hemos vivido.

Ojalá sirva de ejemplo para que nuestro país sea capaz de hacer frente a los enormes desafíos que tiene ante sí, como lo hizo la Comunidad Española de Incendios Forestales frente a la grave amenaza que sufrieron Madrid, Ávila y Toledo a finales de julio de 2026.

¡Honor y gloria a los héroes!